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21 febrero, 2024El campo necesita ayuda: y esta vez no hablamos de las de apoyo económico
Manuel Lamela
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Madrid, 16 de febrero de 2024
El campo necesita ayuda: y esta vez no hablamos de las de apoyo económico
Los que ya tenemos cierta edad y además hemos tenido la suerte y el privilegio de poder conocer bien al sector agroalimentario y la realidad de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, estamos acostumbrados a oír demandas y reivindicaciones casi siempre en términos económicos (ayudas, subvenciones, indemnizaciones por catástrofes, rebajas fiscales, etc.) y con abundantes quejas por una PAC que, para este nuevo periodo, empezó en el 2023 , quizás sea algo corta de asignación presupuestaria desde la UE.
Hoy, cuando vemos que nuevamente las reivindicaciones del campo están en la calle, lo fácil sería dedicar este articulo a realizar un análisis económico del sector y a opinar sobre cómo adoptar medidas paliativas que coyunturalmente alivien la complicada situación que tiene el sector. Sin embargo, creo que lo que debemos hacer es apuntar a un primer análisis, más profundo, que permita pensar en la necesidad objetiva de promover y adoptar medidas de calado, estructurales, y no solo coyunturales y paliativas, dentro de la UE y también dentro de nuestro país.
A nivel UE, el inmediato escenario electoral en el que nos encontramos , podría ser una oportunidad para plantear la necesidad de que la nueva Comisión y el nuevo Parlamento que surja el próximo junio permita “repensar” la estrategia de hacia dónde dirigir y en qué plazos la estrategia de la llamada “Europa Verde” y cómo compatibilizar la misma con una nueva política agraria que garantice la viabilidad económica del sector, como única forma posible de garantizar la sostenibilidad ambiental de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
La verdad es que creo que, como se suele decir coloquialmente, “nos hemos pasado de frenada” pensado en unos objetivos medioambientales, sin duda idílicos, con plazos muy exigentes, y no hemos pensado en que en un mercado globalizado, si queremos seguir teniendo los mayores niveles de seguridad alimentaria del mundo (Europa los tiene), hay que tomar medidas eficaces para garantizar la sostenibilidad económica de nuestras explotaciones, acompasando tiempos y estableciendo un marco jurídico sólido, que garantice realmente la libre competencia, con reglas de juego transparentes y similares para todos.
Hoy, a nivel europeo y nacional, confluyen elementos y circunstancias que podríamos decir que apuntan a ser una “tormenta perfecta” que ponga en serio peligro la sostenibilidad del campo y especialmente de las explotaciones medianas y pequeñas, agrícolas y ganaderas, que son la mayoría de las españolas.
En el ámbito europeo, ya hemos apuntado a la necesidad de ralentizar y racionalizar los objetivos de la Europa Verde y repensar una estrategia conjunta de largo plazo que garantice alcanzar objetivos necesarios y ambiciosos, pero sin pérdida de competitividad de nuestras producciones, tanto dentro de la UE como frente a terceros países, lo cual implica redefinir una estrategia comunitaria que garantice la leal competencia en cualquier mercado y la eficacia de las denominadas “clausulas espejo”, que desde el 2002 se contemplan en nuestra normativa europea, pero que no han sido realmente eficaces nunca, por motivos burocráticos y también, en ocasiones, de oportunidad política.
También es una oportunidad para repensar entre todos si tiene sentido una política agraria excesivamente reglamentista y burocratizada por los Reglamentos comunitarios y “administrativizada” hasta extremos, en ocasiones, incomprensibles por la normativa nacional y autonómica.
Quizás también, sin renunciar a nuestro excelente nivel en seguridad alimentaria, haya que ser menos ambiciosos (más realistas) en los objetivos de excelencia en materia de residuos, gestión sanitaria de explotaciones, nutrientes, contaminación , gestión medio ambiental,… para hacer más fácil que nuestras producciones compitan en condiciones de igualdad en los mercados y resistan mejor la deficiente aplicación de las clausulas espejo, hasta que los tratados bilaterales y multilaterales las incorporen como normas y reglas de obligado cumplimiento por los Estados firmantes.
Pero como señalé al principio de este artículo, no toda la problemática del sector se resuelve en la UE, en España también hay asignaturas pendientes que hay que abordar de manera urgente. Además, la política económica también debe de pensar en no ser contraindicada o contradictoria con las políticas sectoriales agrarias de sostenibilidad y desarrollo del campo español.
Los incrementos de los costes de producción y de la mano de obra, “gracias”, entre otras cosas, a las subidas del SMI, influyen de manera importante en la viabilidad de las explotaciones más pequeñas y sobre ello sí puede y debe actuar el Gobierno en el ámbito de sus políticas económicas, además de abordar una etapa de revisión profunda de leyes fundamentales, para adaptarlas a la realidad socio-económica del sector, dotándole de un marco jurídico moderno y seguro, que le permita garantizar su competitividad y viabilidad, más allá de las subvenciones, que mucho me temo que seguirán reduciéndose en el futuro . Me refiero a la necesidad de abordar desde el consenso sectorial y no solo político, una amplia reforma de la Ley de Aguas, de la fiscalidad del sector, de la aplicación de las normas y reglas de competencia a un sector económico atípico, y también de la política y normativa en materia de seguros agrarios, que nació con nuestra Constitución del 78 y ya requiere de una amplia y ambiciosa reforma para que vuelva a ser un fundamental instrumento para el desarrollo y estabilidad de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas.
En definitiva, hay que “ponerse las pilas” en todos los ámbitos y hoy hay que ponerse al lado de los que reivindican su futuro porque también es nuestro futuro. El campo necesita hechos, decisiones y medidas y no buenas palabras o grandilocuentes declaraciones.