El Anteproyecto de Ley de Reducción de Jornada Laboral plantea una reducción obligatoria a 37,5 horas semanales, junto con nuevas regulaciones sobre el registro de jornada y el derecho a la desconexión. Sin embargo, su falta de consenso, la ausencia de estudios económicos y su aplicación uniforme a todos los sectores pueden afectar gravemente a la competitividad empresarial y la creación de empleo. Además, el endurecimiento del régimen sancionador, con multas de hasta 10.000 euros por trabajador, genera incertidumbre. Es fundamental abrir un debate serio y consensuado para evitar que esta reforma cause efectos adversos en el tejido empresarial.