El empleo público temporal en España ha crecido significativamente, alcanzando entre el 24,5% y el 30% del total según fuentes oficiales, debido a la crisis financiera y la pandemia. Este problema ha generado un debate jurídico, ya que dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han señalado que contratos temporales de más de dos años superan su finalidad excepcional y abogan por su conversión en indefinidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo español defiende que esta conversión automática violaría principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. A esto se suma un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, lo que pone a España en una encrucijada legal y administrativa para regularizar esta situación, equilibrando la normativa europea con sus propios requisitos constitucionales. Las inspecciones pueden ser programadas o surgir de denuncias previas, y es fundamental que los establecimientos mantengan toda la documentación actualizada y en regla. Durante una inspección, el inspector debe acreditar su identidad, y el establecimiento debe permitir la inspección, evitando cualquier obstáculo.